Uno de los recursos de los que se ha valido el PRI para recuperar su posición de preeminencia y allanar el camino para volver al poder, sin hacer acto alguno de autocrítica, mucho menos de contrición, sin cambiar ni reformarse, es la desmemoria ciudadana. Que la alternancia no implicó un enjuiciamiento de las conductas delictivas del viejo régimen y ni siquiera una revisión histórica, de tal suerte que todavía persisten no sólo monumentos y estatuas para “héroes” de dudosa calidad sino los mismos modos y estilos, el mismo andamiaje corrupto sobre el que se fincó el viejo régimen.
Esto se hizo así, dicen los ingenuos, por un ánimo conciliatorio de evitar cacerías de brujas, en bien de la concordia nacional. Si embargo, otros pensamos que fue por un simple cálculo de conveniencias por el cual Vicente Fox, en vez de entrar en alianza con la oposición de izquierda para construir el nuevo régimen, prefirió la complicidad con el PRI para sostenerse sin tensiones en el poder y asegurar la continuidad de su partido a costa del cambio y de la democracia.
Eso lo gritan a voz en cuello ahora muchos priístas. Pero lo peor no es eso, sino que la factura que reclaman es tan alta que no hay al parecer salidas frente a lo que parece inevitable: la restauración priísta exactamente con los mismos que en su momento fueron cuestionados y señalados como responsables del gran desastre nacional.
Me explico. Uno de los argumentos que esgrimen los priístas para promover su regreso al poder es que en los últimos 10 años los gobiernos panistas han sido “incapaces e ineficaces” pues “no pudieron resolver los problemas que afectan a la población”, además de que “han desprestigiado las instituciones” y provocado retrocesos en la democracia y el desarrollo económico. Es decir, que cualquier gobierno priísta resulta mejor que uno del PAN.
¿De verdad?, pregunto. Pues es bastante dudoso, pero habría que hacer memoria, algo que nadie quiere hacer en este año de Centenarios y Bicentenarios, y recordarle algunas cosas no sólo a los priístas, sino a los ciudadanos que de acuerdo a las encuestas están creyendo estos argumentos.
Empecemos con el primer gobierno del PRI; el de Pascual Ortiz Rubio, cuando se llamaba PNR. Fue tan desastroso que acabó renunciando, y tan malo su manejo de la crisis resultado de la Gran Depresión que tardamos casi 10 años para medio superarla. Durante su gestión los ingresos del gobierno se desplomaron, hubo una drástica reducción de los empleos, una sensible baja de los sueldos y una devaluación del peso. Por si fuera poco, tiene en su haber la matanza de medio centenar de vasconcelistas en Topilejo el 14 de febrero de 1930. Esto por no hablar de la ingobernabilidad que resultó del pobre desempeño de un presidente que no era presidente, al que apodaban “nopalito” por baboso y que estaba sometido a los poderes fácticos de entonces: el “jefe máximo”, Plutarco Elías Calles, y una pandilla de políticos-empresarios que disponían a su antojo de los bienes del país.
Llegó Lázaro Cárdenas, y en 1934 empezó uno de los gobiernos más discutidos y contradictorios que hemos tenido, uno al que se deben grandes logros, como la expropiación petrolera, pero también enormes lastres que todavía padecemos: el presidencialismo, el corporativismo sindical, la depauperación del campo en aras del uso político de los campesinos, etc. Recibió el gobierno con un sobrante de 30 millones de pesos y lo entregó con un déficit de 40; duplicó la deuda pública, devaluó una vez más el peso y durante su período éste se depreció en un 65%. Y sin embargo, para muchos, el cardenista fue el mejor gobierno de la post-Revolución con todo y su saldo negativo en cuanto a democracia. Porque no hay que olvidar que fue un gobierno que terminó con acusaciones de fraude y varias matanzas de adversarios políticos, la más notoria el 7 de julio de 1940 en el Zócalo de la Ciudad de México.
Lo que pasa es que después vinieron gobiernos peores, los del retroceso –esto dicho por los propios revolucionarios-, los de Manuel Avila Camacho y Miguel Alemán, llamados así porque desplegaron una política entreguista a los Estados Unidos y revirtieron muchos de los postulados revolucionarios reformando la Constitución. Y no sólo eso, sino que afianzaron el régimen autoritario institucionalizando la represión e impidiendo la democracia mediante más crímenes masivos de adversarios. Fue en esos años que se creó la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad y se inventó el delito de “disolución social”. De Avila Camacho se recuerda el asesinato de trabajadores el 23 de septiembre de 1941 y de Alemán, entre otras muchas, la matanza de henriquistas en la Alameda el 7 de julio de 1952. Pero además, fue entonces que se institucionalizaron lo que se dio en llamar las “comaladas” de millonarios sexenales, amigos y parientes encumbrados a un alto puesto, convertidos en millonarios de la noche a la mañana por obra y gracia del poderoso en turno.
Dizque con una idea de “austeridad” llegó a la presidencia, en medio de resonantes acusaciones de fraude desde luego, Adolfo Ruiz Cortines; pero su gobierno no sólo no acabó con la corrupción ni con el saqueo, sino que hizo de la burla de la democracia un burdo juego –fue de él la idea de fabricar “tapados”- y reprimió todo movimiento social: para empezar, decretó la desaparición de sus oponentes al impedir la militancia henriquista, la de los que lo señalaban como “ilegítimo”, y encarceló y reprimió a los petroleros, a los maestros y a los ferrocarrileros.
Luego llegó Adolfo López Mateos, y después de él Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Más crímenes de opositores, más corrupción y más entreguismo. Salvo los años del “Desarrollo Estabilizador”, poco se salva. Baste recordar lo que allá a mediados de los 70 puso al descubierto un agente norteamericano, Philip Age: que tanto López Mateos como Díaz Ordaz y Echeverría no sólo colaboraban con la CIA sino que en su momento llegaron a ser agentes a su servicio, y hasta expuso sus nombres en clave: LIENVOY-2, LITEMPO-8 y LITEMPO-14 respectivamente. ¿A ese tipo de gobiernos se referirán los priístas cuando nos dicen que ellos gobernaban mejor que se hace ahora? ¿O nos hablarán de los gobiernos que siguieron? ¿El de José López Portillo, por ejemplo, el del despilfarro petrolero y la extrema frivolidad política que encumbró desde la amante hasta el junior; el de la devaluación y la crisis del endeudamiento? ¿O los de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, con quienes empezó la aplicación de las políticas neoliberales que han dejado al país presa de una crisis interminable?
Porque una parte del engañoso discurso priísta es que las desviaciones empezaron en los 80. Pero como vemos, esto no deja de ser un argumento falaz, un recurso más de la desmemoria, que nos trata de pintar como un “paraíso” todo lo anterior.
Y el colmo es cuando reprochan a los gobiernos de hoy el despilfarro en imagen y propaganda. Como si no existieran los 130 millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto se gasta en publicidad en medios impresos y electrónicos para promoverse como presidenciable. Como si el gobernador de Veracruz Fidel Herrera no estuviera gastando ahora mismo, en propaganda y publicidad, 3 mil millones de pesos. O no contaran los 53.2 millones que en ese mismo rubro gastó la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, sólo en los primeros tres meses de 2010, una cifra que equivale al 97.1 % de todo el presupuesto anual para ese rubro aprobado por el Congreso.Pero no dejan de repetirlo, que ellos eran mejores. Que nos vienen a salvar. ¿Será que se lo vamos a creer?
Esto se hizo así, dicen los ingenuos, por un ánimo conciliatorio de evitar cacerías de brujas, en bien de la concordia nacional. Si embargo, otros pensamos que fue por un simple cálculo de conveniencias por el cual Vicente Fox, en vez de entrar en alianza con la oposición de izquierda para construir el nuevo régimen, prefirió la complicidad con el PRI para sostenerse sin tensiones en el poder y asegurar la continuidad de su partido a costa del cambio y de la democracia.
Eso lo gritan a voz en cuello ahora muchos priístas. Pero lo peor no es eso, sino que la factura que reclaman es tan alta que no hay al parecer salidas frente a lo que parece inevitable: la restauración priísta exactamente con los mismos que en su momento fueron cuestionados y señalados como responsables del gran desastre nacional.
Me explico. Uno de los argumentos que esgrimen los priístas para promover su regreso al poder es que en los últimos 10 años los gobiernos panistas han sido “incapaces e ineficaces” pues “no pudieron resolver los problemas que afectan a la población”, además de que “han desprestigiado las instituciones” y provocado retrocesos en la democracia y el desarrollo económico. Es decir, que cualquier gobierno priísta resulta mejor que uno del PAN.
¿De verdad?, pregunto. Pues es bastante dudoso, pero habría que hacer memoria, algo que nadie quiere hacer en este año de Centenarios y Bicentenarios, y recordarle algunas cosas no sólo a los priístas, sino a los ciudadanos que de acuerdo a las encuestas están creyendo estos argumentos.
Empecemos con el primer gobierno del PRI; el de Pascual Ortiz Rubio, cuando se llamaba PNR. Fue tan desastroso que acabó renunciando, y tan malo su manejo de la crisis resultado de la Gran Depresión que tardamos casi 10 años para medio superarla. Durante su gestión los ingresos del gobierno se desplomaron, hubo una drástica reducción de los empleos, una sensible baja de los sueldos y una devaluación del peso. Por si fuera poco, tiene en su haber la matanza de medio centenar de vasconcelistas en Topilejo el 14 de febrero de 1930. Esto por no hablar de la ingobernabilidad que resultó del pobre desempeño de un presidente que no era presidente, al que apodaban “nopalito” por baboso y que estaba sometido a los poderes fácticos de entonces: el “jefe máximo”, Plutarco Elías Calles, y una pandilla de políticos-empresarios que disponían a su antojo de los bienes del país.
Llegó Lázaro Cárdenas, y en 1934 empezó uno de los gobiernos más discutidos y contradictorios que hemos tenido, uno al que se deben grandes logros, como la expropiación petrolera, pero también enormes lastres que todavía padecemos: el presidencialismo, el corporativismo sindical, la depauperación del campo en aras del uso político de los campesinos, etc. Recibió el gobierno con un sobrante de 30 millones de pesos y lo entregó con un déficit de 40; duplicó la deuda pública, devaluó una vez más el peso y durante su período éste se depreció en un 65%. Y sin embargo, para muchos, el cardenista fue el mejor gobierno de la post-Revolución con todo y su saldo negativo en cuanto a democracia. Porque no hay que olvidar que fue un gobierno que terminó con acusaciones de fraude y varias matanzas de adversarios políticos, la más notoria el 7 de julio de 1940 en el Zócalo de la Ciudad de México.
Lo que pasa es que después vinieron gobiernos peores, los del retroceso –esto dicho por los propios revolucionarios-, los de Manuel Avila Camacho y Miguel Alemán, llamados así porque desplegaron una política entreguista a los Estados Unidos y revirtieron muchos de los postulados revolucionarios reformando la Constitución. Y no sólo eso, sino que afianzaron el régimen autoritario institucionalizando la represión e impidiendo la democracia mediante más crímenes masivos de adversarios. Fue en esos años que se creó la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad y se inventó el delito de “disolución social”. De Avila Camacho se recuerda el asesinato de trabajadores el 23 de septiembre de 1941 y de Alemán, entre otras muchas, la matanza de henriquistas en la Alameda el 7 de julio de 1952. Pero además, fue entonces que se institucionalizaron lo que se dio en llamar las “comaladas” de millonarios sexenales, amigos y parientes encumbrados a un alto puesto, convertidos en millonarios de la noche a la mañana por obra y gracia del poderoso en turno.
Dizque con una idea de “austeridad” llegó a la presidencia, en medio de resonantes acusaciones de fraude desde luego, Adolfo Ruiz Cortines; pero su gobierno no sólo no acabó con la corrupción ni con el saqueo, sino que hizo de la burla de la democracia un burdo juego –fue de él la idea de fabricar “tapados”- y reprimió todo movimiento social: para empezar, decretó la desaparición de sus oponentes al impedir la militancia henriquista, la de los que lo señalaban como “ilegítimo”, y encarceló y reprimió a los petroleros, a los maestros y a los ferrocarrileros.
Luego llegó Adolfo López Mateos, y después de él Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Más crímenes de opositores, más corrupción y más entreguismo. Salvo los años del “Desarrollo Estabilizador”, poco se salva. Baste recordar lo que allá a mediados de los 70 puso al descubierto un agente norteamericano, Philip Age: que tanto López Mateos como Díaz Ordaz y Echeverría no sólo colaboraban con la CIA sino que en su momento llegaron a ser agentes a su servicio, y hasta expuso sus nombres en clave: LIENVOY-2, LITEMPO-8 y LITEMPO-14 respectivamente. ¿A ese tipo de gobiernos se referirán los priístas cuando nos dicen que ellos gobernaban mejor que se hace ahora? ¿O nos hablarán de los gobiernos que siguieron? ¿El de José López Portillo, por ejemplo, el del despilfarro petrolero y la extrema frivolidad política que encumbró desde la amante hasta el junior; el de la devaluación y la crisis del endeudamiento? ¿O los de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, con quienes empezó la aplicación de las políticas neoliberales que han dejado al país presa de una crisis interminable?
Porque una parte del engañoso discurso priísta es que las desviaciones empezaron en los 80. Pero como vemos, esto no deja de ser un argumento falaz, un recurso más de la desmemoria, que nos trata de pintar como un “paraíso” todo lo anterior.
Y el colmo es cuando reprochan a los gobiernos de hoy el despilfarro en imagen y propaganda. Como si no existieran los 130 millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto se gasta en publicidad en medios impresos y electrónicos para promoverse como presidenciable. Como si el gobernador de Veracruz Fidel Herrera no estuviera gastando ahora mismo, en propaganda y publicidad, 3 mil millones de pesos. O no contaran los 53.2 millones que en ese mismo rubro gastó la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, sólo en los primeros tres meses de 2010, una cifra que equivale al 97.1 % de todo el presupuesto anual para ese rubro aprobado por el Congreso.Pero no dejan de repetirlo, que ellos eran mejores. Que nos vienen a salvar. ¿Será que se lo vamos a creer?
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