EL VOTO DE LA RESIGNACION VS. EL VOTO DE LA ESPERANZA

Cuando uno los escucha no podemos menos que recordar y remitirnos a la historia. Pero ni siquiera a la lejana, sino a la reciente.

Me refiero, concretamente, a lo que dice Enrique Peña, el ex candidato imbatible, en respuesta obvia a quienes manifestamos nuestras reservas frente al manejo del voto este 1 de julio, de que “en el marco de la democracia” no caben las alusiones de “algunos” que pretenden “anticipar fraudes o que están viendo trampas en los comicios" y que eso es “no reconocer el cambio político y democrático que nuestro país ha experimentado, porque son los mexicanos quienes de manera informada decidirán quien será el próximo presidente de México”.

Y me refiero también a los falsos puritanos del Consejo General del IFE que al mismo tiempo que se pronunciaron en contra de cualquier medida que intente comprar, coaccionar e inducir el voto en las elecciones, se negaron, sin embargo, a prohibir el uso de teléfonos celulares en las casillas de votación.

Todos sabemos para qué usan los celulares los “mapaches”: para garantizarse la compra de votos y utilizarlos como arma de presión contra los ciudadanos, a los que se les obliga tomar fotografía a su propio voto a cambio de la prebenda. Hasta los regalan con tal de contar con esa “garantía”. Pero los consejeros electorales advirtieron que entre sus facultades no están las de “catear” a los electores, impedirles hacer uso de sus celulares, ni prohibirles tomar fotografías de sus boletas.

La respuesta “estelar” corrió a cargo del consejero Sergio García Ramírez: “No tenemos base jurídica –puntualizó- para prohibir la portación de celulares u otros dispositivos semejantes y creo que no tenemos sustento jurídico para prohibir la toma de fotografías o de registros de alguien que, en la privacidad de la casilla, de la urna, desea tomar alguna fotografía o practicar alguna reflexión acerca del sentido de su voto”. Lo que está muy mal toda vez que sólo se trata de ardides legaloides para avalar la coacción al voto pero se torna aún peor si tomamos en cuenta los antecedentes del señor, que hacen sospechar de su imparcialidad, pues hay que recordar que García Ramírez es un “miembro distinguido” del PRI desde 1961, que fue integrante de varios gabinetes priístas, que fue precandidato presidencial de ese partido en 1987 y todavía en 2005 fue incluso propuesto como presidente del comité nacional del PRI. ¡Un dechado de autoridad moral para hablar del tema!

Por supuesto que el señor consejero del IFE contó con el respaldo del representante priísta Sebastián Lerdo de Tejada quien, raudo defensor de las libertades y el derecho “a la privacidad” de los ciudadanos, calificó de “irresponsable y frívola” la propuesta. Y obvio, se desechó.

En todos estos casos, tanto en el de Peña como en el de García Ramírez y Lerdo, se trata del mismo discurso: el que han repetido los presidentes y funcionarios fraudulentos desde hace muchos años.

Miguel Alemán, por ejemplo, ante las elecciones de 1952: “Entregaré el poder a quien libremente el pueblo elija”, al mismo tiempo que giraba órdenes para impedir el triunfo de Miguel Henríquez Guzmán. Y Miguel de la Madrid, en 1988: “Intentan manchar la democracia con profecías de fraude, es una injuria a todo el pueblo” dijo, con la misma boca con la que dio la orden de tirar el sistema para arreglar los votos a favor del PRI.

Y había que remitirnos, repito, no sólo a la historia muy lejana sino a la muy reciente. Porque además de la currícula de muchos de los que hoy son responsables de cuidar y vigilar las elecciones, basta con ver lo que ha pasado en los últimos procesos locales para percatarnos cuan vacíos resultan discursos como el de Peña cuando apenas hace un año en su propio estado la compra de votos y nada menos que el uso de celulares para controlar esos votos fueron práctica normal con motivo de la elección de su sucesor.

Fue esa una clarísima elección de Estado no sólo por lo que pasó durante la jornada de la votación sino por todas las anomalías previas.

Está documentado. El resultado a favor de Eruviel Avila se construyó desde el principio con el uso de recursos públicos, el respaldo de los medios y las casas encuestadoras “a modo”, y la actitud parcial asumida por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Hubo actos anticipados de campaña que no se sancionaron; el PRI rebasó con creces los topes de ley y ni siquiera se le llamó la atención. Hubo, desde luego, acarreos y utilización selectiva de los programas sociales a favor del candidato priísta. Y el día de los comicios hubo lo de siempre: casillas donde personas votaron varias ocasiones, pistoleros intimidando a posibles votantes, robo de urnas, detenciones arbitrarias de opositores e incluso balazos al aire para inhibir el sufragio. Todo, en la más completa impunidad.
Y lo mismo podríamos decir de todas las elecciones estatales que se han llevado a cabo en los últimos dos años. Mera competencia de poderes. En algunos casos de los poderes locales contra el poder federal, en otros de ambos contra sus oponentes. Un auténtico “cochinero”.

Y si nos vamos atrás, peor. La verdad es que la historia no da para donde hacerse.

Por eso es que, en un país como México, con una tradición antidemocrática tan enraizada entre nuestros gobernantes y políticos, es absurda la posición del IFE encubierta en “defensa de los derechos individuales”. Pues nada, ninguna prevención sería mucha ni excesiva en este contexto antidemocrático.

Simplemente recordemos. De todas -de todas subrayo- las elecciones que hemos tenido en nuestro país desde que lo somos, es decir desde la Independencia, sólo dos no han sido motivo de dudas y de controversia: la primera, la de Guadalupe Victoria, y la del 2000 que encumbró a Vicente Fox. De ahí en fuera, todas han sido cuestionadas. Vaya, ni las elecciones de Juárez, ni las de Madero estuvieron exentas de suspicacias, como ya lo hemos planteado aquí anteriormente. Mientras ahora mismo surgen denuncias de boletas duplicadas y boletas pretachadas a favor del PRI; de retención de credenciales de elector a empleados municipales y estatales; de operativos compra de votos y entrega de despensas, etc., etc.

Y aún así se atreven a decir que no hay “ninguna posibilidad” de fraude, y tampoco de retroceso si ganara el PRI. Que la victoria de Peña “no sería una restauración”, y mucho menos debe ser motivo de miedo o preocupación para los mexicanos. Vaya, hasta ponen como “garantía” el que, si ganara, “enfrentará” los mismos “contrapesos” que tuvieron Fox y Calderón, que carecerá de mayoría legislativa en al menos una cámara y que será “acotado” por los medios de comunicación y una sociedad civil más organizada y vigorosa.

El problema es que con todos esos “contrapesos” ya vimos lo que hicieron Fox y Calderón. Y cómo gobernó el propio Peña en el Estado de México. Y Humberto Moreira. Y Tomás Yarrington, y... Conste que no estoy hablando de Ruiz Cortines ni de Díaz Ordaz, ni de Echeverría o Carlos Salinas.

Que no nos engañen. Con todo y leyes, el estilo autoritario no se ha ido. Goza de cabal salud, y ¡ay de aquél que crea en los lobos con piel de oveja que hoy muestran su lado amable sólo porque quieren el poder!

Escribió hace poco Jorge Castañeda: “México ha sobrevivido a una gran cantidad de desgracias en su historia. Sobrevivirá al regreso del PRI, y en una de esas, hasta prosperará con la elección de Peña Nieto”. Bonito consuelo. El voto de la resignación contra el voto de la esperanza.

Y digo voto de la resignación porque lo que sí resulta el colmo, y desde luego intolerable, es que en su soberbia quieran darnos la impresión hasta de que la elección es inútil, que es mero formulismo (“a menos que caiga una bomba nuclear” dice José Cárdenas) o, si acaso, que sólo servirá para decidir el segundo lugar.

¡Nada más eso nos faltaba!

Publicado en Unomasuno el 26 de junio de 2012.